Por Juan S. Larrosa-Fuentes (19 de octubre de 2026)
Como los feroces huracanes en tiempos de El Niño, octubre trajo el poder de un descontento social que ha atravesado toda la sociedad tapatía. La contaminación del agua potable ha afectado a los territorios residenciales más pudientes, a las colonias de clases medias y a los barrios populares. Algunos creíamos que la crisis del agua llegaría con el famoso día cero. No obstante, el problema emergió de otra forma y afectó a todas las clases sociales de una Guadalajara famosa por su elitismo.
El problema, que literalmente es de supervivencia, porque sin agua nadie vive, está puesto sobre la mesa y espera ser resuelto o, al menos, gestionado. Dicen que el problema se resuelve atacando la contaminación. Sin embargo, está bien diagnosticado que, una vez resuelta la emergencia de la caca que sale del grifo de agua potable, habrá otras que atender. La escasez es una de ellas: hay cálculos para el día cero, es decir, el día en que ya no alcance el agua.
La potabilidad es otra: esperaríamos poder tomar agua directamente de la llave sin enfermarnos y, de paso, dejar de pagar los garrafones de agua a empresas transnacionales. Las tuberías de abasto están viejas y tienen fugas; habrá que cambiarlas. Y luego está la otra cara de la moneda: las inundaciones también son por agua. Ante eso habría que ver cómo almacenarla, tratarla y reabastecer los mantos acuíferos de la ciudad.
Ante este gran problema, cuya solución han pateado hacia el futuro las administraciones municipales y estatales de los últimos treinta años, es comprensible, y deseable, la movilización social. En términos históricos, hay mucha claridad respecto de que son los movimientos y las organizaciones sociales los que pueden desarrollar la energía, el poder y la creatividad suficientes para entender estos problemas de otras formas y presionar por soluciones que puedan ser profundas, democráticas y comunitarias.
Ahora bien, lo que es preocupante son las garantías para la libertad de expresión y la libre manifestación que han prevalecido durante este octubre. Hace más de dos décadas ocurrió la represión del gobierno de Francisco Ramírez Acuña a las manifestaciones altermundistas del 28 de mayo de 2004. En aquella ocasión hubo violencia por parte de la policía contra los manifestantes, se detuvo injustamente a personas que no habían participado en las marchas y, sobre todo, se creó un ambiente de desmovilización política que afectó e inhibió de distintas maneras a la sociedad civil organizada.
En las marchas de los domingos 11 y 18 de octubre, el gobierno del estado mostró, de igual forma, sus rasgos autoritarios y sus incapacidades para entender y atender lo que está ocurriendo a su alrededor. Dos décadas después del 28 de mayo vemos policías que no están entrenados para enfrentar una protesta social: vimos golpizas, torturas y tundas a los manifestantes; vimos que lanzaron a las mujeres policía a la primera línea de batalla, sin el equipo necesario para protegerse, como carne de cañón.
Dos décadas después vemos que la policía detiene a ciudadanos a diestra y siniestra, sin cuidar los protocolos internacionales de derechos humanos ni el debido proceso; dos décadas después vemos personas que fueron detenidas injustamente y que tardarán años en poder cruzar el fangoso pantano de las imputaciones que les haga el gobierno. Dos décadas después es penoso observar a las familias de las víctimas afuera de la fiscalía del estado, sin un lugar digno para esperar noticias de sus detenidos.
El problema del agua cruza las clases sociales. En ese sentido, no va a desaparecer ni se va a borrar con campañas de propaganda o inventando otros problemas. Tampoco se va a solucionar con nuevas elecciones de munícipes y gobernador. El problema es complejo y va para largo. Por ello, más le vale al gobierno tomar nota de la historia.
Este texto fue leído originalmente en el Informativo NTR Radio, transmitido el 19 de octubre de 2026 y conducido por la periodista Sonia Serrano.