Por Juan S. Larrosa-Fuentes (2 de noviembre de 2026)
Luego de un largo periodo de incertidumbre, la Suprema Corte de Justicia decidió sobre diversos elementos de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, promulgada en el sexenio anterior. La discusión es amplia, pues involucra cuestiones legales, económicas y de política pública. Uno de los temas que más ha concentrado la conversación nacional es lo referente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el famoso SNII. Este texto lo escribo desde dos posiciones muy particulares. La primera, como una persona que trabaja en una universidad privada y que pertenece al SNII. La segunda, como un investigador interesado, desde la filosofía política, en el concepto de lo público.
El cambio de gobierno en 2018, bajo la autodenominada 4T, propuso diversos cambios para entender el financiamiento de la ciencia. Quienes integran el gobierno, cuando fueron oposición, denunciaron que había manejos opacos y poco trazables de los recursos destinados a este campo. También pusieron el dedo en que había inversiones destinadas a favorecer intereses privados y procesos de corrupción en las asignaciones. El diagnóstico era plausible y, en muchos casos, apuntaba a temas importantes por revisar y que, en efecto, estaban ocurriendo.
Sin embargo, el problema vino con la nueva visión que se propuso y las soluciones que de ella se derivaron. Un elemento importante para entender esto es qué entiende el gobierno por público, quién hace esta definición y cómo se implementa. En su discurso, hay una idea de que la ciencia pueda orientarse a problemas relevantes para el país, lo cual es una idea plausible de lo público, es decir, como aquello que es de interés colectivo. También se busca que la asignación de recursos sea transparente, otra idea relevante de lo público, que se define como antónimo de lo oculto. Y, por último, también se señala que la ciencia debe ser accesible para todos, que todos puedan participar y hacer uso de ella. Los tres elementos son encomiables; no obstante, en la práctica no se desarrollan.
La orientación hacia problemas relevantes se ha hecho de forma vertical y no ha sido objeto de una discusión amplia y participativa. La transparencia, como sabemos, está de capa caída con la eliminación de los institutos que tutelaban el derecho a la información de los mexicanos. Y el acceso a la ciencia ha sido más demagógico que real. Se pide que instituciones e investigadores hagan públicos sus trabajos, pero las políticas públicas fallan en ofrecer un mayor acceso a plazas de investigación para las nuevas generaciones y en aumentar los presupuestos destinados a la ciencia.
En particular, es muy problemática la forma en la que el gobierno entiende lo público para decidir quién puede acceder a los estímulos económicos del SNII. Las universidades privadas son parte de la infraestructura educativa, de investigación y de desarrollo tecnológico del país. México está lejos de que sus instituciones públicas puedan satisfacer, a cabalidad, estas tres actividades. Por ello, resulta un contrasentido querer eliminar, solo a partir de una clasificación binaria, a las universidades privadas de los recursos del Estado. En particular, en temas de lo público, sería importante distinguir, y no igualar, el origen de los recursos, la naturaleza jurídica de las instituciones y el carácter del conocimiento que producen. Los investigadores e investigadoras que trabajamos en las universidades privadas también producimos conocimiento público.
El problema de lo público en torno a la ciencia no se zanja cancelando los estímulos provenientes de recursos públicos para los investigadores e investigadoras de universidades privadas. El problema está en comprender y debatir qué entendemos por ciencia pública y quién tiene el derecho y la legitimidad para definir qué significa. Después vendría un largo camino para construir políticas públicas encaminadas a esta concepción de lo público.
Este texto fue leído originalmente en el Informativo NTR Radio, transmitido el 2 de noviembre de 2026 y conducido por la periodista Sonia Serrano. Además, el texto está publicado en el medio de comunicación digital, La silla rota.