Por Juan Larrosa (10 de agosto de 2026)
Durante los últimos días se ha dado en México una discusión interesante sobre los derechos de las audiencias, a partir de la publicación de nuevos lineamientos para garantizarlos. En buena parte de la opinión publicada en medios de comunicación y plataformas digitales ha habido críticas importantes, especialmente relacionadas con la libertad de expresión. Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la presidenta Claudia Sheinbaum han defendido estos lineamientos en la conferencia mañanera.
Más que abonar a esta discusión, que me parece altamente politizada y polarizada, quisiera plantear el problema desde otra perspectiva.
La información pública y las condiciones necesarias para garantizar un funcionamiento democrático mínimo son temas muy relevantes para nuestra vida común. En los últimos años hemos visto, alrededor del mundo, procesos electorales afectados por disfunciones epistémicas como la mala información, la desinformación, la propaganda y las llamadas noticias falsas o fake news. También hemos visto y documentado una fuerte caída en la credibilidad de los medios de comunicación.
Este no es un problema nuevo—hace diez años escribía de esto mismo para el caso mexicano. Desde hace décadas se discute qué responsabilidades tienen los medios de comunicación respecto de los contenidos que difunden y qué límites pueden establecerse, por ejemplo, para proteger a las infancias o para tratar información particularmente delicada en términos de seguridad pública o seguridad nacional. Es decir, existe un problema que las sociedades democráticas necesitan atender.
Pero también existe una dificultad fundamental: no puede ser simplemente el Estado quien decida qué información puede circular y cuál no. Hacerlo implica riesgos evidentes para la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero tampoco puede dejarse a la mano invisible del mercado esta regulación. En México tenemos un siglo XX dominado por Televisa y otras empresas familiares. En la actualidad, vivimos en un mundo en el que empresas trasnacionales tienen la última palabra sobre lo que circula o no en un país.
Y aquí volvemos al caso mexicano. Los derechos de las audiencias y sus defensorías ya existían. Su funcionamiento ha sido deficiente y los concesionarios pocas veces les han dado la importancia necesaria. Es decir, el sector de la radiodifusión tampoco se ha caracterizado por ser un club de hermanitas de la caridad y adalides de la democracia. Además, la autorregulación, en donde se encuentra enclavado un sistema de defensoría de audiencias y códigos de ética, tiene limitaciones ampliamente documentadas empíricamente.
Sin embargo, encuentro otro problema aún más importante: estamos teniendo una discusión anacrónica. Los derechos de las audiencias eran un tema de discusión indispensable en el siglo pasado, cuando la radio y la televisión ocupaban una posición central en el sistema de comunicación. Pero el ecosistema informativo cambió radicalmente. Como señalé en mi colaboración anterior, los datos recientes del Instituto Reuters muestran que cada vez menos personas se informan a través de la televisión, la radio y la prensa, mientras aumenta el peso de las plataformas digitales. Y en ese nuevo ecosistema no hay “audiencias”, hay personas que consumen y reutilizan la información de formas muy complejas.
Por eso resulta insuficiente discutir los derechos de las audiencias pensando exclusivamente en la radio y la televisión y en la lógica de los “medios masivos”. Hoy tendríamos que preguntarnos cómo garantizar una mejor producción y circulación de información pública en un ecosistema en el que intervienen medios tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, periodistas, creadores de contenido y empresas tecnológicas transnacionales. Y tendríamos que hacerlo, por supuesto, garantizando la libertad de expresión.
Ese debería ser un debate de Estado y de largo plazo. Lamentablemente, gobierno y oposición promueven una discusión política y coyuntural. El resultado no será nuevo: perderemos la oportunidad de discutir qué sistema de comunicación pública necesitamos para enfrentar las disfunciones informativas de nuestro tiempo y fortalecer nuestra democracia.
Este texto fue leído originalmente en el Informativo NTR Radio, transmitido el 10 de agosto de 2026 y conducido por la periodista Sonia Serrano.