Por Juan Larrosa (26 de enero de 2026)
Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Los datos no son alentadores: en diciembre de 2025, 63.8 % de la población adulta dijo sentirse insegura en la ciudad donde vive. Dicho de otro modo, casi dos de cada tres personas viven con miedo. Esto ocurre a contrapelo de los datos difundidos por el Gobierno Federal, según los cuales 2025 cerró con un promedio de 56.6 homicidios diarios, una reducción significativa respecto a los 84 asesinatos diarios reportados en 2024.
Según ha documentado la prensa especializada, en el propio Gobierno Federal existe desconcierto ante este desfase: ¿cómo explicar que una baja significativa en los homicidios dolosos no se traduzca en una mejora equivalente en la percepción de seguridad?
En una columna previa planteé que una de las razones de la intervención estadounidense en Venezuela fue su carácter propagandístico. Siguiendo a colegas norteamericanos, hablamos de la “acción como propaganda”: la acción misma —un despliegue militar— funcionó como mensaje político, destinado a comunicar poder, capacidad y control. Fue una estrategia eficaz en términos simbólicos: no importó tanto lo que se dijo, sino lo que se hizo y lo que esa acción comunicó al mundo.
Este tipo de lógica no es ajena al caso mexicano. En materia de seguridad pública, la “acción como propaganda” ha estado presente al menos desde 2006, cuando Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde entonces, distintas administraciones han buscado comunicar golpes espectaculares —capturas de capos, decomisos, operativos militares— para construir la narrativa de un Estado en control y superior a las organizaciones criminales. Estos actos, altamente mediatizados, buscan producir un efecto simbólico de autoridad y eficacia.
El problema es que esta lógica tiene límites claros. El episodio de la liberación de Ovidio Guzmán en 2019 es ilustrativo: lo que pretendía ser un golpe de poder se convirtió en un búmeran informativo que debilitó la imagen de control estatal. La acción, en lugar de comunicar poder, comunicó vulnerabilidad.
Hoy ocurre algo similar. La captura de líderes criminales, el traslado de delincuentes a Estados Unidos, el desmantelamiento de laboratorios y la reducción de homicidios son, sin duda, acciones relevantes. Comunican y, muchas veces, se envuelven en estrategias propagandísticas. Sin embargo, es ingenuo pensar que estas acciones, por sí solas, transformarán la percepción de la inseguridad.
La ENSU muestra con claridad por qué. Aunque bajen los homicidios, persisten otras experiencias que estructuran el miedo: extorsiones, robos, disparos frecuentes y cambios drásticos en la vida cotidiana. Más del 40 % de la población ha dejado de realizar actividades básicas —salir de noche, portar objetos de valor— por temor al delito. Además, que hayan bajado los asesinatos no quiere decir que los 56 que ocurren diariamente sean una nimiedad: esas pérdidas humanas siguen siendo terribles y brutales.
Finalmente, la disminución de homicidios no borra el dolor y la destrucción que la guerra ha generado en estos veinte años. No borra, por ejemplo, los miles de niños y niñas que han quedado huérfanos por las guerras al interior del país. Los huérfanos de 2006 ya son adultos; ¿cuál será la percepción de seguridad de todos ellos?
Por ello, el Gobierno Federal haría mal en repetir errores del pasado: confiar en estrategias de control mediático o en golpes propagandísticos como sustituto de una política integral. La reducción de homicidios es una buena noticia, pero no basta. Mientras la experiencia cotidiana siga marcada por el miedo, la “acción como propaganda” seguirá mostrando sus límites.
Este texto fue leído originalmente en Informativo NTR Radio transmitido el 26 de enero de 2026 y conducido por la periodista Sonia Serrano.