Por Juan Larrosa, 28 de abril de 2025
En México, la relación entre la política y los empresarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones ha sido históricamente complicada. A lo largo del siglo XX, vivimos en un régimen semi-autoritario donde empresas como Televisa dominaron cultural e informativamente la vida nacional. Primero como un monopolio, y después, en los años noventa, como parte de un duopolio. En las telecomunicaciones, la historia fue similar. Primero con un monopolio estatal, Telmex, que controlaba toda la infraestructura de telefonía fija, y que posteriormente fue privatizado y vendido a Carlos Slim, convirtiéndose en un monopolio privado no solo en telefonía, sino también en otros servicios de telecomunicación.
Lograr una reforma que democratizara estos sectores fue una tarea de décadas. Desde la sociedad civil y la academia se impulsaron cambios que, si bien no fueron perfectos y han recibido diversas críticas, culminaron en la aprobación de la reforma constitucional en 2013 y de la nueva ley secundaria en 2014. Gracias a ello, aunque persisten empresas dominantes como Televisa, Telmex y TV Azteca, ya no operan como monopolios absolutos, y hemos visto poco a poco una diversificación y desconcentración del mercado.
Ahora bien, en días recientes, a raíz de un anuncio pagado por el gobierno de Estados Unidos —donde la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, aparecía en televisión mexicana advirtiendo que no permitirían la migración ilegal desde México—, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió proponer una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para restringir la compra de tiempo aire con fines propagandísticos extranjeros. Hasta ahí, la intención parece legítima y razonable.
Sin embargo, lo que siguió refleja dinámicas preocupantes. Según ha trascendido en diversos medios, el gobierno ya tenía preparada una propuesta más amplia para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero no planeaba presentarla aún. Aprovechando la coyuntura, decidió adelantar el proceso y enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados, buscando su aprobación en fast track, es decir, de manera apresurada.
Aquí surge un problema de forma que es grave y que conviene analizar. En una democracia, el Ejecutivo tiene la facultad de proponer leyes, pero no de aprobarlas de manera directa. Para eso existe el Poder Legislativo, cuyo deber fundamental es deliberar. La deliberación democrática no es una mera formalidad: es esencial para que los intereses y perspectivas de una sociedad plural sean escuchados, negociados y, en la medida de lo posible, incorporados a la legislación.
Cuando una iniciativa se aprueba en fast track, se cancela este proceso de deliberación. Y eso debilita la calidad de las leyes y, sobre todo, empobrece nuestra democracia. Porque la deliberación también permite detectar vicios, errores o riesgos en las normas antes de su aprobación.
Más allá de las intenciones de la reforma, que merecen un análisis aparte, lo preocupante aquí es que nuevamente se intentó aprobar cambios importantes sin diálogo, sin debate público, sin escuchar a las diversas voces de la sociedad civil, de los expertos, de las industrias afectadas y de la ciudadanía.
Finalmente, ante las críticas, la presidenta decidió retirar temporalmente la iniciativa y pidió abrir un proceso de discusión más amplio. De entrada, esto es una buena señal. Sin embargo, la experiencia reciente nos obliga a ser cautelosos. En muchas ocasiones hemos visto que el llamado a “abrir espacios de diálogo” no pasa de ser un gesto simbólico.
Como ciudadanía, debemos exigir que esta vez sea diferente. Que la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no sea el resultado de una imposición unilateral, sino de un auténtico proceso de debate y construcción colectiva.
No debemos olvidar que los avances logrados en este sector —el derecho a la información, el combate a los monopolios, la apertura de medios públicos y comunitarios— fueron frutos de una lucha de décadas de la sociedad civil. Los legisladores y la presidenta tienen la obligación de honrar y respetar esa historia.
Este texto fue leído originalmente en el noticiario de NTR Radio transmitido el 28 de abril de 2025 y conducido por el periodista Sergio René de Dios Corona.