Por Juan Larrosa, 9 de marzo de 2026
A dos semanas del #22F en Guadalajara, aún hay mucho por analizar. En tiempos recientes se ha dicho, con razón, que los cárteles criminales han desarrollado una gran sofisticación en su capacidad de fuerza y violencia: cuentan con armamento similar o, en ocasiones, superior al de un ejército nacional y tienen un amplio control territorial. Sin embargo, poco se discute sobre su sofisticación en el plano comunicacional. De eso trata la colaboración de esta semana.
El poder simbólico y comunicacional de los cárteles no es nuevo. Desde la aparición de organizaciones como Los Zetas, hace ya más de dos décadas, diversos trabajos periodísticos documentaron prácticas que evidenciaban una división fina del trabajo comunicacional, como la existencia de equipos dedicados exclusivamente al monitoreo de la comunicación pública y mediática. Estos grupos analizaban cómo se reportaban públicamente las actividades del cártel y ofrecían información estratégica para la construcción —o destrucción— de sus relaciones públicas.
Después vimos fuertes presiones sobre el trabajo periodístico a través de la lógica de “plata o plomo”, mediante la cual los cárteles censuran la información que puede publicarse en los medios de comunicación y, al mismo tiempo, imponen qué información debe difundirse y bajo qué criterios. Este fenómeno dio lugar a las llamadas “zonas de silencio” en distintas regiones del país, donde prácticamente no existe información sobre la vida pública comunitaria o donde la que circula está controlada por organizaciones criminales.
También hemos observado la colonización y cooptación de expresiones de la cultura popular, como la música y otras industrias culturales. Se ha documentado, por ejemplo, cómo algunos corridos y sus intérpretes operan estrategias de propaganda en favor de determinados capos o grupos criminales. En términos económicos, el crimen organizado ha distorsionado industrias culturales completas, promoviendo la producción de música alineada con sus causas y aumentando de forma artificial las vistas y reproducciones de audios y videos en plataformas digitales, en una nueva versión de lo que antes se conocía como “payola”.
Lo ocurrido el 22 de febrero mostró, sí, el poderío físico de las bandas criminales y al Estado en una fuerte disputa por el control del poder. Pero también evidenció su poderío comunicacional. La quema de automóviles y establecimientos, así como el bloqueo de calles y carreteras, no solo tiene consecuencias materiales; también simbólicas. Es claro que la intención no es únicamente destruir físicamente bienes colectivos, sino también infundir miedo en la población. A esto se sumaron sofisticadas estrategias de desinformación que circularon ese domingo, con imágenes falsas —como supuestos aviones incendiándose— y mensajes difundidos por WhatsApp para sembrar terror entre la ciudadanía.
Frente a este escenario, los distintos órdenes de gobierno tendrían que desarrollar, en un primer momento, estrategias comunicacionales mucho más robustas para enfrentar situaciones de crisis como las vividas en el #22F. Sin embargo, lo que observamos fue una respuesta institucional débil y errática. Los gobiernos federal y estatal dejaron pasar varias horas sin comunicar con claridad a la población qué estaba ocurriendo y qué medidas debía tomar. En el caso del gobierno estatal, por ejemplo, se utilizó la expresión “código rojo”, un concepto que, para buena parte de la población, carece de un significado claro. Además, gran parte de la información oficial circuló a través de mensajes en X, una red social donde no se encuentra la mayoría de la población.
Situaciones como la reciente pandemia de COVID-19 y, ahora, estos episodios de violencia extendida deberían llevarnos a reflexionar sobre el papel del Estado en la construcción de infraestructuras públicas de comunicación robustas, universales y no partidistas. También deberían impulsar una mayor credibilidad institucional, el desarrollo de protocolos comunicacionales para enfrentar violencias físicas y simbólicas, y estrategias para contrarrestar la desinformación y la propaganda de las organizaciones criminales.
Este texto fue leído originalmente en el Informativo NTR Radio, transmitido el 9 de marzo de 2026 y conducido por la periodista Sonia Serrano.